La economía duele, pero Milei resiste

Las encuestas que miden el humor social están lejos de sonreírle al gobierno de Javier Milei. Todas confirman una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica actual y una percepción general de que ha empeorado respecto de un año atrás. Aun así, la imagen positiva del Presidente se estabilizó en torno del 35% al 36% y dejó de caer en los últimos meses, al tiempo que mejoraron levemente las expectativas de la gente, según varios sondeos de opinión pública.

Las demandas sociales abarcan a distintos sectores de la población. Se extienden más allá de quienes desde hace mucho tiempo conviven con la pobreza y llegan a sectores de clase media que lidian con un ingreso con el que apenas llegan a fin de mes. Por cierto, la pobreza ha bajado durante la gestión Milei desde el 41,7% hasta el 32,3%. Sin embargo, se registra una paradoja: desde la asunción del actual gobierno, la mayor parte de los trabajadores asalariados que conservan sus empleos han pasado a percibir ingresos que, traducidos en dólares, son bastante superiores a los que recibían hacia el final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero muchos se quejan de que, a pesar de eso, sienten que su poder adquisitivo es menor o que carecen de capacidad de ahorro. Una explicación de ese fenómeno se relaciona con el fuerte incremento del costo de los servicios públicos y con su mayor incidencia como porcentaje del salario. Otra razón puede vincularse con el hecho de que, entre principios de diciembre de 2023, días antes del cambio de gobierno, y la actualidad, el dólar blue pasó de alrededor de $990 a $1550, lo cual representa un alza de apenas el 56% frente al 344% de aumento que experimentó el índice oficial de precios al consumidor en el mismo período, y que es muy superior aún en servicios como el transporte público, el gas, la electricidad y el agua corriente.

Según el estudio nacional de Humor Social y Político de D’Alessio Irol y Berensztein, efectuado sobre 800 casos entre el 6 y el 7 de octubre, el 66% de la población considera que la situación económica empeoró respecto del año pasado y el 70% percibe un deterioro de su economía personal. No obstante, el 38% confía en que la economía mejorará en 2027.

Pese a que el 60% evalúa negativamente su gestión, el gobierno de Milei mantiene la aprobación del 82% de quienes votaron a La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales legislativas.

De acuerdo con esta encuesta, el costo de los servicios públicos es la principal preocupación de los ciudadanos, con un 65% de menciones, seguida por la incertidumbre en la situación económica (59%), los costos en salud (57%), que los ingresos no alcancen (57%) y la inseguridad (55%).

Uno de los desafíos del Gobierno es transformar las expectativas de recuperación en mejoras que sean palpables por la población y superar el riesgo de que la impaciencia social supere los límites tolerables.

En el último relevamiento nacional de Giacobbe & Asociados, concluido el 5 de octubre entre 2500 personas, ante el interrogante sobre la situación económica, el 22% cree que está mejorando y lo está sintiendo; el 12,2% considera que está mejorando pero no lo está sintiendo; el 7,6% entiende que está estancada; el 54,7% afirma que está empeorando y lo está sufriendo y el 2,7%, que está empeorando pero no lo sufre.

El último sondeo de QSocial Big Data, en sintonía con el anterior, indica que el 39% de los argentinos percibe un crecimiento de la economía y el 56% considera que está estancada o en retroceso. Claro que solo el 12% cree que la economía crece y que la mayoría lo nota, en tanto que el 27% sostiene que crece pero solo para algunos sectores. El repunte anímico no borra las señales de tensión.

Hay un dato alentador para los mileístas: la oposición no mejora. El 64% considera que no está preparada para gobernar en 2027

Hasta aquí, un diagnóstico previsible. Pero resulta interesante detenerse en la respuesta frente al interrogante “Si la Argentina fuera una persona enferma que está en un hospital, ¿qué tipo de tratamiento cree que necesita?“ formulada por Giacobbe. El 50,2% optó por una cirugía urgente, drástica y dolorosa para extirpar el problema de raíz, en tanto que el 45,1% se inclinó por un tratamiento de cuidados intensivos, con asistencia y anestesia para que no sufra.

Para Jorge Giacobbe, si se pudiera tomar la respuesta a esa pregunta como hipotética proyección de una segunda vuelta electoral, “llegaríamos a la idea de que Milei, representando a un público que puede resistir el sufrimiento, tendría chances de ser reelegido”, aunque los márgenes son muy escuetos. ¿Qué se puede saber hoy por abordajes directos o indirectos de la opinión pública? Que las imágenes de los principales líderes políticos están parejas, al igual que las emocionalidades, las percepciones sobre la economía y las expectativas, y la intención de voto. “En definitiva, sabemos que, si fueran hoy, las elecciones serían definidas por una pequeña parte de la sociedad que está en juego”, concluye Giacobbe.

En un mismo sentido, Lucas Klobovs, director de QSocial, destaca que la opinión sobre la gestión de Milei dejó de caer. Su aprobación se ubica en torno del 35% y en cinco de las últimas seis mediciones osciló entre 34% y 35%. En síntesis, Milei no logra crecer, pero se estabilizó. La misma lógica aplica al respaldo a su programa: el acuerdo con que “las políticas del Gobierno son necesarias, aunque duelan a corto plazo” se mantiene en el 34%.

¿Puede alcanzar ese nivel de apoyo para pensar en un proyecto reeleccionista? Más allá de que un año es una eternidad en la política argentina y de que aún puede correr mucha agua bajo el puente, es claro que los actuales niveles de respaldo a la gestión no garantizarían un triunfo electoral al oficialismo. El paseo por el parque en el que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, se transformaría la próxima campaña electoral, es hoy una hipótesis bastante temeraria.

Sin embargo, hay un dato alentador para los mileístas: la oposición no mejora. Según el sondeo de QSocial, el 66% desaprueba su comportamiento -el valor más elevado desde marzo de este año- y el 64% considera que no está preparada para gobernar en 2027, al tiempo que, en un escenario de figuras desgastadas, ningún dirigente supera el 35% de imagen positiva.

Un dato electoral resultaría clave: hoy por hoy, un éxito de Milei dependería de tener al peronismo kirchnerista enfrente. En los escenarios analizados por Klobovs, cuando se enfrenta al presidente de la Nación en un eventual balotaje con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Milei cosecha alrededor del 42% de adhesiones, consolidando la lógica de polarización que estructura al electorado desde 2023. Sin el Partido Justicialista en la cancha, en una hipotética segunda vuelta contra otros hipotéticos candidatos como Daniel Hadad, la intención de voto a Milei cae ocho puntos y se dispara el “no sabe” al 51%.

La interpretación de ese ensayo de prueba indica que una porción cercana a ocho puntos del caudal electoral de Milei vota por rechazo al peronismo más que por adhesión propia. Es el segmento que se le suma al líder de La Libertad Avanza cuando el peronismo llega al balotaje y que es pasible de abandonarlo o de refugiarse en la indecisión cuando enfrente no hay un candidato peronista o kirchnerista.

Bajo estos parámetros, podría concluirse que el rechazo, más que la simpatía, puede consolidarse como motor del voto, por cuanto sube la propensión a votar a alguien que no gusta del todo si puede ganarle al candidato que más se desaprueba.

Pese a la gratuidad, apenas se gradúa en la universidad pública uno de cada cien estudiantes del quintil más pobre de la población

En este contexto de fuerte tendencia a la polarización, es probable que la multitudinaria marcha federal universitaria haya golpeado pero no lastimado al gobierno de Milei.

Esta clase de movilizaciones tocan un eje relevante de la estructura del relato de la oposición, que es la supuesta falta de sensibilidad y empatía del Gobierno frente a un contexto socioeconómico complicado y ante una institución como la universidad, que exhibe en los estudios de opinión pública una mayor confianza que otras instituciones.

La manifestación en demanda del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario puso también sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad fiscal. Mientras el Gobierno insiste en que no se pueden asignar fondos públicos sin especificar de dónde saldrán, la oposición intenta reabrir el debate acerca de cómo llegar al equilibrio fiscal sin afectar áreas esenciales.

Los episodios de violencia que se registraron no deslegitimaron los reclamos, pero sí la metodología. Los canales de televisión terminaron dedicándoles más tiempo a los graves incidentes -incluidas agresiones de manifestantes a periodistas, acciones de provocadores encapuchados y represión policial con gases- que a las demandas de quienes se movilizaron en defensa de más fondos para las universidades públicas. Y, finalmente, el Gobierno pudo instalar el temor al retorno de la violencia y la dicotomía entre “nosotros o el pasado”.

Cabría preguntarse por qué razones la cuestión de la educación y su financiamiento no puede ser parte de una política de Estado, que se mantenga en el tiempo bajo el amparo de amplios consensos alcanzados entre la comunidad universitaria y la dirigencia política. Un motivo puede residir en ciertos intereses creados dentro de las propias organizaciones universitarias, a las que se les ha cuestionado escasez de controles y falta de transparencia en la utilización de fondos públicos. Otra razón se vincula con evidentes discrepancias ideológicas, uno de cuyos ejes es la idea que impera en el oficialismo de que se debe avanzar en algún momento hacia el arancelamiento de la universidad pública.

Quienes se oponen a cualquier tipo de arancel que pueda imponérseles a los estudiantes, esgrimen que la reforma constitucional de 1994 introdujo una cláusula que garantiza “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

En la otra vereda, están quienes sostienen que la mencionada equidad bien podría ser interpretada como que aquellos estudiantes que se hallen en condiciones de pagar una cuota razonable no deberían ser solventados por el resto de los contribuyentes, incluidos los de menores recursos que pagan el IVA hasta para comprar un kilo de arroz.

Según esta última concepción, el debate sobre el financiamiento universitario debería contemplar la alternativa de un arancelamiento selectivo como una forma socialmente equitativa para que la universidad pública tenga los recursos necesarios para su funcionamiento, su mejoramiento y la posibilidad de ofrecer becas a la población menos favorecida. Una universidad autofinanciada aseguraría, de acuerdo con este criterio, la genuina autarquía y autonomía que postula la Constitución Nacional.

El hecho de que, pese a la gratuidad, apenas se gradúe en la universidad pública uno de cada cien estudiantes del quintil más pobre de la población argentina y de que casi cuatro de cada diez estudiantes pertenezcan por su nivel socioeconómico a los dos quintiles más altos de la pirámide, debería ser suficiente como para inaugurar un debate serio y profundo sobre alternativas de financiamiento universitario.