Asfixia financiera y doble discurso: el plan del intendente Santacroce para disciplinar a los empleados municipales de Funes.

Para la secretaria general de ASOEM Funes, Romina Michaut, la administración municipal demora o retiene las transferencias de los aportes sindicales y convierte esos fondos en un instrumento de presión cada vez que la organización gremial reclama por los derechos de sus afiliados. La dirigente resumió el criterio que, según su denuncia, rige estos movimientos con una expresión contundente: los giros dependen del “enojo” del intendente.

Los hechos abren un interrogante incómodo: ¿puede una administración municipal utilizar los aportes sindicales como mecanismo de disciplinamiento frente a los reclamos laborales?

Desde el sindicato sostienen que eso es precisamente lo que ocurre en Funes. No se trataría de una dificultad administrativa aislada, sino de una forma recurrente de presión que golpea las finanzas de la entidad cuando esta decide confrontar con el Ejecutivo.

Las consecuencias de este accionar no quedarían circunscritas a una disputa entre dirigentes. La falta de previsibilidad financiera comprometería prestaciones que alcanzan directamente a los trabajadores y sus familias. Entre ellas figuran subsidios para consultas médicas e internaciones, órdenes de atención y ayudas económicas para afrontar deficiencias en la cobertura de IAPOS. También están en juego el seguro de vida colectivo, el servicio de desagote de pozos ciegos en las viviendas de los afiliados, la asistencia para reparar o adquirir electrodomésticos y la entrega de bolsones alimentarios con 17 productos, además de pastas.

Sin embargo, el enfrentamiento entre la gestión de Santacroce y los empleados municipales no comenzó con la disputa por los aportes sindicales. Según la reconstrucción que desde la redacción logramos hacer, el conflicto se profundizó tras la victoria de Michaut en las elecciones de ASOEM, en las que derrotó a la lista oficialista e inauguró una nueva etapa en la relación entre el sindicato y el Ejecutivo.

La historia se remonta a 2019, cuando Santacroce llegó a la Intendencia en medio de una profunda crisis municipal, con el respaldo de sectores de los trabajadores y del entonces referente gremial Miguel Zelada. Una vez en el poder, el intendente designó a Zelada como Jefe de Personal del municipio. Según los reclamos sindicales, con el correr de los años comenzaron a acumularse problemas vinculados con el pago de los feriados trabajados, la eliminación del beneficio del refrigerio y las irregularidades en las liquidaciones salariales, con distintos conceptos que, de acuerdo con las denuncias, se abonaban o registraban de manera irregular.

La paradoja política resulta evidente: quien llegó al gobierno con el respaldo de sectores vinculados a la defensa de los trabajadores enfrenta hoy las acusaciones de una conducción sindical que denuncia vulneraciones de derechos laborales dentro de su propia administración.

A partir de 2023 la relación entre el sindicato y el Ejecutivo cambió de manera sustancial. La conducción gremial comenzó a impulsar reclamos por los incumplimientos denunciados y cuestionó la falta de concursos públicos para el ingreso y la promoción del personal, así como un esquema de designaciones que considera discrecional. También exigió el pase a planta permanente de empleados que, según afirma, reunían las condiciones necesarias para acceder a una mayor estabilidad laboral.

La respuesta del municipio incluyó cuestionamientos públicos e intervenciones de figuras del oficialismo, entre ellas los concejales Martín Consiglio y Martín Papini. A estas situaciones se sumarían, según el testimonio de la entidad gremial, intimaciones a trabajadores que adhirieron a medidas de fuerza y advertencias sobre descuentos salariales por las horas no trabajadas. Para ASOEM, estas actuaciones forman parte de una estrategia de presión destinada a debilitar los reclamos y desgastar a la conducción gremial.

El conflicto, por lo tanto, excede una discusión salarial. A los reclamos por feriados trabajados, refrigerio y regularización laboral se suman las denuncias por errores en los recibos de sueldo, sumas presuntamente no registradas, deficiencias en la cobertura de riesgos del trabajo y recategorizaciones pendientes. La acumulación de demandas plantea una discusión sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, la transparencia de los procedimientos administrativos y las condiciones en las que los empleados municipales pueden ejercer su derecho a reclamar. En ese escenario, la denuncia sobre los aportes sindicales adquiere una dimensión política mayor.

La disputa también comienza a trascender las fronteras de Funes. ASOEM sumó el respaldo de la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (FESTRAM) y de la CGT Rosario, cuyos representantes acompañan los reclamos de la conducción local. 

Juan Arigoni, secretario gremial de FESTRAM, calificó en delcaraciones radiales el accionar de la Municipalidad de Funes como una “dictadura”  orientada a adoctrinar al personal bajo la premisa de “hacen lo que digo yo o les descuento y no les giro los aportes” y afirmó que la decisión de no transferir las cuotas sindicales constituye una "retención indebida de haberes", ya que esos fondos pertenecen a los trabajadores.

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, por su parte señaló que el ejecutivo, en lugar de atender demandas laborales básicas y legítimas optó por atacar a la entidad sindical negándose a ser agente de retención para desfinanciarla; y sostuvo que el intendente demuestra una falta de inteligencia política al "agitar y profundizar los conflictos" en lugar de buscar soluciones consensuadas en un momento socioeconómico ya delicado.

La convocatoria representa una nueva señal de que la disputa está lejos de resolverse. Mientras el sindicato busca ampliar la presión sobre el Ejecutivo, la administración de Santacroce enfrenta el desafío de responder a una lista de reclamos que lleva años sin encontrar una solución definitiva.

Hay una ironía difícil de ignorar en esta historia: el intendente que llegó al poder en medio de una crisis municipal y con el respaldo de sectores de los propios trabajadores enfrenta hoy a una conducción gremial que denuncia el deterioro de sus derechos y el ahogo financiero de su organización.