El Gobierno Nacional atravesó este miércoles su primer test legislativo de envergadura en lo que va del año con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. La iniciativa, impulsada con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad laboral, llegó al recinto tras una intensa ronda de negociaciones que obligó al oficialismo a introducir más de veinte modificaciones sobre el texto original.
En ese proceso de negociación, los gobernadores emergieron como uno de los sectores con mayor capacidad de incidencia. Las provincias lograron garantías de que no habrá cambios en el Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable que constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las administraciones provinciales y que representa ingresos por billones de pesos.
Por su parte, los gremios también obtuvieron concesiones relevantes. El proyecto mantendrá los aportes patronales destinados a las obras sociales sindicales y preservará el denominado aporte solidario. Sin embargo, el movimiento sindical continúa manifestando su rechazo a otros aspectos de la reforma. En ese contexto, distintas organizaciones convocaron para este sábado movilizaciones frente al Congreso y medidas de protesta en diversos sectores laborales.
El proyecto fue aprobado en general con 42 votos afirmativos, lo que habilita su paso a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate parlamentario. La votación también reflejó un fuerte rechazo opositor, que reunió 30 votos negativos y anticipa un tratamiento complejo en la próxima instancia legislativa.
